COMUNICADO: Presentación Querella Criminal
Acción judicial se sustenta en el trabajo de análisis y recopilación de antecedentes realizado por la Comisión Revisora de Cuentas.
Como Directorio
de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de La
Frontera, queremos comunicar a nuestras socias y socios, a la comunidad
universitaria y a la opinión pública que, con fecha 11 de mayo de 2026, junto a
nuestro asesor jurídico, abogado Carlos Muñoz Sanhueza, hemos presentado una
querella criminal en contra de la y los ex-dirigentes de la Asociación y de
todos quienes resulten responsables, por presuntos delitos de apropiación
indebida y administración desleal, sin perjuicio de otros ilícitos que las
investigaciones permitan precisar, y que habrían afectado el patrimonio de
nuestra organización.
Esta acción
judicial se sustenta en el trabajo de análisis y recopilación de antecedentes
realizado por la Comisión Revisora de Cuentas, instancia interna encargada de
fiscalizar el correcto uso de los recursos de la Asociación y que fue mandatada
por la asamblea de socios y socias realizada el día 22 de enero de 2026, siendo
en el marco de este proceso donde se detectaron inconsistencias en la
administración de recursos, identificando preliminarmente un faltante superior
a los 192 millones de pesos cuyo respaldo, destino o trazabilidad no ha podido
ser debidamente justificado.
Como actual
directiva, vemos con profunda preocupación que estas irregularidades hayan
ocurrido en un período especialmente complejo para la Asociación, la que desde
el año 2024 atraviesa una profunda pérdida de confianza y credibilidad
institucional, marcada por la falta de transparencia, la ausencia de
información clara hacia las bases y el creciente sentimiento de abandono que
afectó a muchas funcionarias y funcionarios, en uno de los momentos más
complejos que ha enfrentado nuestra casa de estudios.
Finalmente, queremos enfatizar que esta acción judicial responde al mandato entregado por nuestros asociados y a las responsabilidades éticas, legales y estatutarias que como directiva nos corresponde asumir frente a hechos que afectan la confianza y el patrimonio de nuestra organización.